El régimen Trump ha cruzado una línea peligrosa en su guerra contra la prensa libre. Brendan Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), amenazó abiertamente con revocar las licencias de transmisión a cadenas televisivas que no cubran la guerra en Irán de manera "favorable" al gobierno. La advertencia llegó tras quejas directas de Donald Trump sobre el tratamiento mediático del conflicto, que ya ha dejado "13 muertos" y enfrenta amplio rechazo popular.
Carr, descrito por críticos como "el matón de Trump", publicó en redes sociales que las emisoras que difundan "noticias falsas y distorsiones" sobre la guerra tendrán "oportunidad de corregir el rumbo antes de que se renueven sus licencias". La amenaza generó inmediata condena de políticos demócratas y organizaciones defensoras de la libertad de expresión. El gobernador de California, Gavin Newsom, calificó la medida como "flagrantemente inconstitucional", mientras el senador Brian Schatz advirtió que se trata de una "directiva clara para proporcionar cobertura positiva de la guerra o perder licencias".
La presión sobre los medios se intensifica en un contexto donde el 53% de los votantes estadounidenses se opone a la acción militar contra Irán, según encuestas de Quinnipiac. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ex presentador de Fox News, ha dedicado tiempo excesivo a quejarse de la cobertura periodística, llegando a sugerir titulares más "patrióticos" como "Irán cada vez más desesperado" en lugar de "Guerra en Medio Oriente se intensifica". Hegseth incluso expresó su deseo de que David Ellison, hijo del aliado de Trump Larry Ellison, tome pronto el control de CNN.
Expertos legales señalan que las amenazas de Carr son en gran medida huecas, ya que la FCC no ha denegado una renovación de licencia en décadas y cualquier acción generaría largas batallas legales bajo la Primera Enmienda. Sin embargo, la estrategia busca generar autocensura mediante presión gubernamental. Empresas mediáticas como Paramount han cedido ante el régimen Trump en negociaciones comerciales, eliminando prácticas de diversidad e inclusión como condición para aprobaciones regulatorias.
Este episodio revela la erosión sistemática de las libertades democráticas bajo un gobierno que instrumentaliza instituciones regulatorias para silenciar voces críticas.
