El Tribunal Oral Federal 7 de Buenos Aires inicia este miércoles un juicio histórico que busca desentrañar los detalles de la Masacre de la calle Corro, ocurrida el 29 de septiembre de 1976. Seis exintegrantes del Grupo de Artillería de Defensa Aérea 101 del Ejército enfrentan cargos por el asesinato de cinco personas y el secuestro de otras cuatro en un operativo que involucró a más de doscientos efectivos de distintas fuerzas de seguridad.
La casa de Corro 105 en Villa Luro se convirtió en escenario de una resistencia épica y desigual. Allí se encontraba reunida la Secretaría Política Nacional de Montoneros: María Victoria "Vicki" Walsh -hija del escritor y periodista Rodolfo Walsh-, junto a Alberto Molinas, Ignacio Bertrán, Ismael Salame y José Coronel. Frente a un despliegue militar que incluía vehículos blindados de Gendarmería, efectivos de la Policía Federal y decenas de soldados, los cinco militantes resistieron durante más de hora y media un feroz ataque con fusiles FAL y lanzagranadas.
Vicki Walsh, cercada por los represores, optó por quitarse la vida antes que entregarse. Su hija Victoria, de apenas un año, sobrevivió al enfrentamiento y fue recuperada posteriormente por familiares. La familia Mainer, que alquilaba la vivienda, fue secuestrada y trasladada a centros clandestinos de detención, siendo liberada tiempo después tras sufrir cautiverio y torturas.
Los acusados -Carlos Alberto Orihuela, Ricardo Grisolía, Gustavo Antonio Montell, Guillermo César Viola, Héctor Eduardo Godoy y Danilo Antonio González Ramos- respondían al coronel Roberto Roualdes, quien ordenó el operativo basado en información del represor cordobés Ernesto "el Nabo" Barreiro. Este último, aunque no está imputado en este debate, fue clave en la inteligencia que permitió localizar a los militantes.
El juicio representa un nuevo capítulo en la lucha contra la impunidad de los crímenes de la dictadura cívico-militar-eclesiástica. En un contexto donde el negacionismo y la apología del terrorismo de Estado intentan ganar terreno, este proceso judicial adquiere especial relevancia. La memoria de quienes resistieron hasta el último aliento frente a la maquinaria represiva exige justicia, verdad y la condena de todos los responsables materiales e intelectuales de aquella masacre planificada.
