La Cámara Nacional del Trabajo acaba de asestar el primer golpe judicial a la reforma laboral del gobierno de Javier Milei. En un fallo histórico, la Sala I declaró inconstitucional el artículo 55 de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, estableciendo un precedente crucial para la defensa de los derechos de trabajadores y trabajadoras. La sentencia, firmada por los jueces Enrique Catani y Gabriela Alejandra Vázquez, protege el poder adquisitivo de las indemnizaciones frente a los intentos de reducción del valor real de los créditos laborales.
El caso se originó cuando un trabajador dio por terminada su relación laboral ante el incumplimiento patronal durante la pandemia de 2020. La empresa había pagado solo sumas parciales o subsidios estatales, sin completar la remuneración completa. El tribunal fue contundente: la emergencia sanitaria no otorgó carta blanca para violar obligaciones básicas. El pago íntegro y oportuno del salario constituye una obligación esencial, y su incumplimiento representa una injuria grave que justifica el despido indirecto.
Los magistrados rechazaron el argumento empresarial de que la tolerancia del trabajador implicaba aceptación. Bajo el principio de irrenunciabilidad, no se pueden presumir renuncias a derechos por mera pasividad ante abusos patronales. La resolución marca un hito al cuestionar el núcleo duro de la reforma laboral, que establecía topes a la actualización de créditos judicializados, reduciendo sustancialmente lo que finalmente perciben quienes reclaman lo suyo.
La Cámara determinó que el artículo 55 viola derechos constitucionales básicos: el derecho de propiedad al generar quitas de valor real, el principio de igualdad al castigar a quienes acuden a la justicia, el acceso a la jurisdicción al penalizar económicamente el reclamo judicial, y el principio protectorio del artículo 14 bis. Como consecuencia, ordenó aplicar la fórmula general de actualización con IPC más interés del 3% anual.
Este fallo representa una victoria significativa para el movimiento obrero en un contexto de embate neoliberal. La justicia laboral demuestra que existen límites constitucionales a los intentos de precarización, reafirmando que los derechos conquistados no son moneda de cambio para ajustes económicos. La sentencia sienta jurisprudencia que seguramente será invocada en miles de casos similares, fortaleciendo la resistencia colectiva frente a la ofensiva contra las condiciones de trabajo.
