La Policía Federal desplegó un operativo de desalojo contra integrantes del Foro por la Discapacidad que mantenían un acampe frente a Casa Rosada. Los efectivos empujaron a familiares y a chicos que intentaban armar un gazebo, llegando incluso a agredir a una persona en silla de ruedas. El comisario a cargo del operativo enfrentó cuestionamientos del periodista Bernardo Magnago de C5N, quien le reclamó que no lo empujara durante la cobertura. Las familias denunciaron amenazas por parte de las fuerzas de seguridad.
Esta represión ocurre en el marco de un cese de actividades nacional del sector que afecta escuelas especiales, centros de día, transportistas y prestadores de salud en todo el país. El reclamo central exige la reglamentación de la ley de emergencia en discapacidad y el pago de deudas acumuladas por organismos como PAMI e Incluir Salud, con retrasos de varios meses que ponen en riesgo la continuidad de tratamientos.
La violencia estatal contra quienes solo piden que se cumplan derechos básicos revela la profundidad del desprecio del actual gobierno hacia los sectores más vulnerables. En un contexto donde 22.000 empresas cerraron desde la asunción de Milei, la represión a personas con discapacidad expone cómo el ajuste neoliberal se complementa con la criminalización de la protesta social. La solidaridad colectiva frente a estas agresiones marca la única resistencia posible ante un Estado que abandona su función protectora para convertirse en brazo represor de los intereses del capital.
