La curtiembre Sadesa, propiedad de la familia Galperín (dueños de Mercado Libre), enfrenta una crisis terminal que pone en riesgo a más de 500 familias trabajadoras. La planta de Esperanza, Santa Fe, con 550 empleados entre operarios y administrativos, opera bajo un Preventivo de Crisis que los trabajadores aceptaron bajo amenaza explícita: si no firmaban, habría despidos masivos del 50%. José Fernández, titular del Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria del Cuero de Esperanza, reveló el chantaje patronal: "Si Esperanza no firmaba, la variable de ajuste iba a ser en nuestra planta, ellos como ministerio iban a habilitar los despidos al 50%".
La situación refleja el colapso estructural del sector curtidor, que pasó de facturar 1.000 millones de dólares en 2012 a apenas 100 millones anuales actualmente. La empresa ni siquiera puede pagar los 360 mil pesos de la cuota social a la cámara industrial santafesina. Los trabajadores enfrentan el dilema de sostener una empresa en quiebra técnica o sufrir despidos masivos. En asamblea, un operario sintetizó la desesperación: "¿Y quién me ayuda a mí? Yo abro la heladera y está vacía".
El gobierno de Milei, lejos de proteger la industria nacional, profundiza políticas que reprimarizan la economía y destruyen empleo. La baja de aranceles de exportación en el sector del cuero, denunciada por los gremios como un retorno al siglo XIX, acelera este proceso de desindustrialización. La Federación Argentina de Trabajadores de la Industria del Cuero avaló el preventivo, pero el SOIC Esperanza mantuvo su rechazo inicial, evidenciando las tensiones dentro del movimiento obrero frente a la crisis.
La amenaza sobre Sadesa no es un caso aislado sino el síntoma de un modelo económico que privilegia la especulación financiera sobre la producción. Cada cierre industrial bajo este gobierno representa familias enteras condenadas a la precarización, en un país que abandona su capacidad productiva para convertirse en mero exportador de materias primas. La solidaridad de clase se pone a prueba cuando el ajuste llega a la mesa de los trabajadores.
