El 30 de marzo de 1985 marcó a fuego la historia chilena. José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino, militantes comunistas, fueron secuestrados y asesinados por agentes de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros durante la dictadura pinochetista. Sus cuerpos aparecieron con signos de extrema violencia, evidenciando la brutalidad represiva del régimen. Este crimen generó tal conmoción que provocó la renuncia del general director de Carabineros, César Mendoza, miembro de la Junta Militar. Cuatro décadas después, la memoria de los Degollados resurge con fuerza ante lo que organizaciones sociales y políticas perciben como un peligroso retroceso en materia de derechos humanos.
Dirigentes sociales y sindicales han levantado la voz de alerta durante las conmemoraciones del cuadragésimo primer aniversario. La preocupación central gira en torno a posibles indultos para criminales de lesa humanidad condenados en Punta Peuco. Paulina Cartagena, dirigenta nacional del Colegio de Profesores y consejera de la CUT, fue categórica: "Después de tantos años de insistir para que fueran a la cárcel, hoy los vemos amenazados". Esta inquietud se suma a la indignación por el anuncio del Ministerio de Vivienda de revertir la expropiación de los terrenos de Colonia Dignidad, frenando la creación de un sitio de memoria.
El exministro de Justicia Jaime Gajardo criticó duramente esta medida, cuestionando cómo se puede retroceder en políticas de Estado que garantizan derechos humanos. Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, calificó la decisión como "una afrenta a la humanidad" y desestimó el argumento de falta de recursos fiscales, señalando la contradicción de bajar impuestos a las empresas. La conmemoración también sirvió como tribuna para criticar el rumbo económico del gobierno, con Julieta Rivera, militante del PC, denunciando el impacto del alza de combustibles y servicios básicos en la clase trabajadora.
La figura de Manuel Guerrero, otrora dirigente del Colegio de Profesores, cobra especial relevancia en este contexto. Mario Aguilar, presidente del gremio, conectó la necesidad de "educar para la no violencia" con el reciente asesinato de una inspectora escolar en Calama, advirtiendo sobre la urgencia de planes serios de convivencia escolar. La memoria se transforma así en herramienta pedagógica frente a la violencia actual.
El fantasma de la impunidad resurge cuando las víctimas y sus familias observan cómo políticas gubernamentales podrían blanquear crímenes del pasado. La lucha por verdad y justicia enfrenta nuevos desafíos en un escenario donde el discurso oficial parece privilegiar la reconciliación sin memoria sobre la justicia con reparación. La conmemoración del Caso Degollados se transforma así en un acto de resistencia frente a lo que sectores progresistas perciben como un intento de reescribir la historia desde el olvido institucionalizado.
