Costa Rica ha dado un giro radical en su política migratoria al convertirse en el primer destino de deportaciones aéreas desde Estados Unidos. El acuerdo bilateral, firmado el pasado 23 de marzo, establece la recepción semanal de aproximadamente 25 personas que no son ciudadanas estadounidenses ni costarricenses. Este sábado 11 de abril llegó el primer vuelo con 25 migrantes procedentes de Albania, Camerún, China, Guatemala, Honduras, India, Kenia y Marruecos, además de una persona costarricense.
La medida representa una clara alineación del gobierno de Rodrigo Chaves con las políticas migratorias del régimen Trump, que busca externalizar sus procesos de deportación hacia terceros países. Para implementar el acuerdo, Costa Rica tuvo que eximir del requisito de visa a ciudadanos de seis naciones y eliminar la exigencia de antecedentes policiales para hondureños.
Las personas deportadas reciben atención humanitaria durante siete días por parte de la Organización Internacional para las Migraciones, con opciones de retorno voluntario asistido, solicitud de refugio o regularización migratoria temporal por razones humanitarias. Sin embargo, esta práctica ya tiene un precedente judicial preocupante: en 2025, la Sala Constitucional costarricense condenó al Poder Ejecutivo por privar ilegítimamente de libertad a más de 200 personas deportadas desde Estados Unidos, incluyendo 79 menores de edad.
El acuerdo evidencia una transformación profunda en la política exterior costarricense, tradicionalmente reconocida por su defensa de los derechos humanos. Costa Rica ha ratificado la mayoría de tratados internacionales en la materia, incluyendo la Convención Americana sobre Derechos Humanos que Estados Unidos se resiste a firmar. Esta nueva postura contrasta con la imagen histórica del país como refugio de personas perseguidas y defensor de principios humanitarios.
La situación plantea interrogantes sobre la soberanía nacional y los compromisos internacionales de Costa Rica. El país acepta recibir personas de nacionalidades diversas -desde China hasta países africanos- sin tener vínculos migratorios previos con esas naciones. Esta práctica, que algunos analistas califican de "externalización de fronteras", refleja la creciente presión del régimen Trump sobre gobiernos aliados para que asuman las consecuencias de sus políticas migratorias restrictivas.
