La Knesset israelí aprobó el 30 de marzo una ley que establece la pena capital para palestinos condenados por ataques mortales, una legislación que no excluye explícitamente a menores y que limita drásticamente las vías de apelación. Esta "ley de la horca", como la denominan organizaciones de derechos humanos, representa la culminación de décadas de deshumanización sistemática de la población palestina, ahora extendida formalmente a la infancia.
La normativa exige ejecuciones en un plazo de 90 días y restringe las posibilidades de conmutación, reflejando la agenda del ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir, quien sostiene que los acusados "merecen la muerte". Aunque el texto no menciona específicamente a niños, tampoco los excluye, una omisión calculada en un contexto donde el sistema militar israelí ya somete a menores palestinos a tratos sistemáticos y maltratos generalizados según documenta Defense for Children International-Palestine.
El derecho internacional, incluyendo la Cuarta Convención de Ginebra y la Convención sobre los Derechos del Niño, otorga protecciones especiales a la infancia y prohíbe tratos crueles. Israel ha tratado estas normas como obstáculos para sus objetivos políticos y militares, considerando a los niños palestinos no como civiles sino como amenazas potenciales. Esta perspectiva se manifiesta en las cifras: desde octubre de 2023, más de 21.000 niños han sido asesinados en Gaza según UNICEF.
La ley de pena de muerte no busca disuasión sino proyección de poder, normalizando prácticas que erosionan las protecciones más básicas de la vida humana. Si Israel ejecuta niños palestinos, cruzará un umbral que ni siquiera muchos regímenes coloniales traspasaron abiertamente, devastando no solo a Palestina sino las normas internacionales que protegen a la infancia en conflictos armados.
