El informe de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) revela el impacto devastador del bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por Washington. Esta política genocida, que se remonta a 1960, ha causado pérdidas millonarias al sector agropecuario cubano, con daños estimados en 51 millones 981 mil 900 dólares solo entre marzo de 2024 y febrero de 2025. La estrategia estadounidense, diseñada desde el subsecretario de Estado Lester de Mallory en 1960, buscaba deliberadamente "sembrar el hambre, la desesperación" para derrocar al gobierno revolucionario.
Las cooperativas y familias campesinas enfrentan obstáculos insalvables para acceder a insumos básicos. Piezas de repuesto para maquinaria agrícola, tractores obsoletos, materias primas como pienso, maíz y soya para alimentación animal, productos químicos para combatir plagas y semillas mejoradas son mercancías vedadas por el cerco imperialista. La Ley Helms-Burton prohíbe la exportación de productos cubanos como tabaco, ron, frutas, miel y café hacia Estados Unidos, estrangulando las fuentes de ingreso del campo.
El recrudecimiento del bloqueo durante el régimen Trump intensificó la crisis humanitaria. Tierras ociosas proliferan por falta de insumos para limpiar el marabú, los rendimientos agrícolas caen y la producción porcina se desploma ante la imposibilidad de importar piensos. La ganadería bovina se deteriora sin medicamentos, las vías de comunicación rurales colapsan y aumenta la migración campo-ciudad. La fuerza laboral agrícola envejece sin relevo generacional.
Esta política deliberada de asfixia económica viola la Declaración sobre Derechos Campesinos aprobada por la ONU en 2018, documento que Estados Unidos rechazó. El movimiento cooperativo cubano ni siquiera puede afiliarse a la Asociación Internacional de Cooperativas por los altos costos impuestos por el bloqueo financiero. La resistencia campesina persiste, pero el cerco imperialista sigue siendo el principal obstáculo para la soberanía alimentaria de la isla.
