La Asamblea Ambiental de General Rodríguez expuso una nueva violación sistemática de derechos humanos fundamentales. Este domingo 12 de abril, maquinaria terrestre aplicó agrotóxicos a escasos metros de viviendas en el barrio San Carlos, desafiando abiertamente una medida cautelar judicial vigente desde enero de 2026. Los vecinos documentaron en video cómo los "mosquitos" operaban junto a producciones agroecológicas, ignorando la ordenanza municipal que establece 1.095 metros de exclusión.
La denuncia revela la complicidad estatal en este ecocidio. Pese a múltiples llamados al 911, COM y Monitoreo durante más de dos horas, ninguna autoridad se presentó para frenar la fumigación ilegal. Esta ausencia evidencia la vulneración sistemática que sufren comunidades enteras ante el poder del agronegocio. Los síntomas ya son conocidos: irritaciones en piel, ojos y vías respiratorias, con el agravante de posible contaminación del agua con glifosato.
El fallo histórico de enero, impulsado por Naturaleza de Derechos, había ordenado el cese inmediato de aplicaciones en Altos del Oeste y San Carlos, fundamentándose en el principio precautorio ante riesgos para infancias y sectores vulnerables. Sin embargo, la justicia escrita choca con la impunidad en el territorio. La Asamblea califica este episodio como "circo armado", refiriéndose al Código Ambiental local aprobado en 2025 que legitima estas prácticas.
La resistencia vecinal exige sanciones ejemplares para propietarios y aplicadores, junto con protección efectiva que priorice salud sobre ganancias. Este caso expone cómo el modelo extractivista avanza sobre cuerpos y territorios, consolidando un patrón de despojo que requiere organización popular para enfrentar la complicidad entre poder económico y ausencia estatal.
