Las redes criminales han transformado la Amazonía en un territorio de disputa donde el narcotráfico, la minería ilegal de oro, la tala ilícita y el tráfico de fauna silvestre operan como sistemas interconectados transnacionales. Según el informe "Territorios Indígenas Bajo Amenaza", estas economías ilícitas controlan corredores estratégicos, recursos naturales y poblaciones locales, estableciendo formas de gobernanza criminal que coexisten con la autoridad estatal o la desplazan completamente. La situación es tan grave que afecta al 67% de los municipios amazónicos y coloca en disputa el 32% de los territorios indígenas.
Los pueblos originarios enfrentan consecuencias devastadoras: despojo territorial, violencia sistemática contra líderes, desplazamiento forzado y destrucción ambiental que amenaza su supervivencia cultural. Desde 2012, al menos 296 defensores ambientales e indígenas han sido asesinados en la región, convirtiendo a la Amazonía en uno de los lugares más peligrosos del planeta para quienes defienden sus tierras. Las mujeres, niñes y jóvenes cargan con un peso desproporcionado, enfrentando riesgos elevados de violencia, explotación y reclutamiento forzado.
Frente a esta crisis, más de 60 líderes indígenas de Brasil, Colombia, Ecuador y Perú se reunieron en Pucallpa a inicios de 2026, dando origen a la Declaración de Pucallpa. Este documento representa un llamado colectivo a defender la vida, las culturas ancestrales, la autonomía territorial indígena y el futuro mismo de la Amazonía. La delegación que ahora lleva este mensaje al Foro Permanente de la ONU sobre Cuestiones Indígenas en Nueva York busca un cambio radical en las estrategias de seguridad.
La contradicción central que exponen es evidente: mientras el crimen organizado se ha vuelto más complejo y arraigado, las respuestas estatales siguen enfocadas en la militarización y aplicación de ley a corto plazo. Estas estrategias han demostrado su fracaso repetido, pues no abordan las causas estructurales como la desigualdad, la falta de derechos territoriales, la corrupción y la demanda global que alimenta estas economías. En muchos casos, la militarización exacerba la violencia, criminaliza a las comunidades y debilita la gobernanza indígena.
Los pueblos indígenas proponen un camino diferente, fundamentado en derechos, autonomía y control territorial. Exigen que la autodeterminación indígena sea reconocida como esencial para enfrentar el crimen organizado, que la protección sea colectiva y enraizada en sus sistemas de gobernanza, y que los Estados traten a las autoridades indígenas como socios en materia de seguridad. Además, reclaman apoyo a las economías indígenas como alternativas viables a los mercados ilícitos.
La comunidad internacional enfrenta una disyuntiva histórica: seguir apostando por estrategias militarizadas fallidas o reconocer que la defensa más efectiva de la Amazonía proviene de quienes la habitan y protegen desde tiempos ancestrales. La supervivencia del pulmón del planeta depende de esta elección.
