La salud pública argentina atraviesa un momento crítico. Entre 2022 y 2024, alrededor de 1,7 millones de niños no recibieron alguna de las vacunas correspondientes a su edad, según datos de CIPPEC. Las consecuencias ya se ven: los casos de tos convulsa aumentaron un 147% en las primeras semanas de 2026, con 215 contagios frente a los 87 del año anterior. La mayoría de las provincias no alcanza el 95% de cobertura necesario para la inmunidad colectiva.
El refuerzo de la Triple Viral en niños de 5 años cayó al 46,7%, la polio al 47,6% y la vacuna contra el VPH apenas llega al 55,5% en mujeres adolescentes. Detrás de estos números hay una madeja de causas: la superposición de responsabilidades entre Nación y provincias, horarios restrictivos en centros de salud, trámites burocráticos como la Libreta de la Seguridad Social, y una ola de desinformación que circula en redes sociales y siembra dudas sobre la seguridad de las vacunas.
La paradoja es cruel: el propio éxito histórico de la vacunación —que salvó más de 150 millones de vidas en 50 años— generó una subestimación del riesgo. Recuperar coberturas no es solo un problema logístico. Es reconstruir la confianza social y garantizar que el acceso no dependa del código postal ni del bolsillo de las familias. La vacunación, en definitiva, no es un acto individual: es el pacto colectivo que sostiene la salud de las próximas generaciones.
