Los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) se organizan para enfrentar lo que califican como un "desguace sistemático" del organismo estratégico. La reciente resolución que elimina más de 900 servicios tecnológicos, incluyendo controles clave sobre alimentos y bebidas, representa un nuevo capítulo en el vaciamiento de capacidades estatales. La medida impacta directamente en áreas sensibles como análisis de aditivos, antioxidantes, edulcorantes, estudios de vida útil y detección de contaminantes como micotoxinas.
La asamblea multisectorial realizada este martes reunió a trabajadores que denuncian el riesgo inminente sobre 700 puestos de trabajo calificados. Los técnicos advierten sobre una "cacería de talentos" desde el sector privado, donde laboratorios y el Organismo Argentino de Acreditación ofrecen empleos que implicarían infringir la Ley de Ética Pública. Esta estrategia busca transferir capacidades técnicas formadas en el ámbito público hacia manos privadas, desmantelando décadas de conocimiento acumulado.
El desmantelamiento del INTI forma parte de una política más amplia que ya incluyó el cierre del Servicio Argentino de Calibración y la Dirección de Metrología Legal. Los aumentos de aranceles del 300% desalentaron la demanda de servicios públicos, preparando el terreno para la privatización encubierta. Los trabajadores destacan que el valor real no está en los equipos sino en el capital humano, en la pericia técnica desarrollada durante años de trabajo estatal.
La respuesta organizada incluye una campaña nacional para visibilizar la importancia estratégica del INTI y una conferencia de prensa el próximo martes 21 de abril, en el marco del paro nacional de ATE. Los trabajadores recuerdan que ya derrotaron el Decreto 462/25 que pretendía disolver el Instituto, y ahora se proponen "derrotar la Resolución". Su consigna es clara: "En INTI no sobra nadie".
Esta lucha trasciende la defensa de puestos de trabajo para convertirse en una batalla por la soberanía tecnológica. En un contexto donde el control de alimentos y bebidas queda en manos privadas, se profundiza la asimetría informativa que perjudica a consumidores y productores. La resistencia del INTI representa así un frente clave contra el modelo extractivista de conocimientos, donde el Estado abandona su rol regulador para beneficiar intereses corporativos. La defensa de lo público se vuelve, una vez más, la trinchera desde donde construir alternativas al despojo neoliberal.
