Más de 80.000 educadores mantienen un paro nacional que ya lleva su segunda jornada, con concentraciones masivas en Asunción y bloqueos estratégicos en puntos clave del país. La movilización responde a la discusión en el Senado de una reforma al sistema de jubilaciones públicas que establece por primera vez una edad mínima de retiro para el magisterio. Los docentes rechazan frontalmente la imposición de edades de jubilación a los 53 y 58 años, cuando históricamente el sector educativo paraguayo gozaba de retiro por años de servicio sin límites etarios.
La protesta se desarrolla bajo fuerte custodia policial en el microcentro capitalino, donde miles de manifestantes se congregaron frente al Congreso. Gabriel Espínola, secretario general adjunto de la Otep-A, denunció que la medida responde a "recetas internacionales" del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Los sindicatos exigen un aumento del aporte estatal a la caja fiscal del 3% actual al 14%, una demanda que refleja décadas de subfinanciamiento del sistema educativo.
La batalla escaló a instancias judiciales con una acción de inconstitucionalidad presentada ante la Corte Suprema contra la Ley 7633. Rafael Resquín, presidente de la Unión Nacional de Educadores, calificó la normativa como "confiscación ilegal" de ahorros previsionales. Los docentes argumentan violación al artículo 103 constitucional y amenazan con llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos si no obtienen fallo favorable.
El conflicto expone la tensión entre políticas de ajuste y derechos laborales conquistados. Los bloqueos en Ciudad del Este, Misiones, San Pedro e Itapúa muestran una resistencia descentralizada que trasciende la capital. Los educadores advierten que mantendrán la lucha hasta garantizar un sistema de retiro justo, en una demostración de fuerza colectiva que cuestiona los fundamentos mismos del modelo económico vigente.
