Una jornada histórica de protestas paraliza el país. La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) lidera cortes masivos en rutas y accesos estratégicos, respondiendo a la decisión gubernamental de eliminar el salario social complementario de $78.000 que afectará a más de 900 mil trabajadores. Bajo la consigna "Trabajo sin salario es esclavitud", el movimiento desafía el protocolo antipiquetes y pone en evidencia la profundización del modelo de exclusión.
La autopista Rosario-Buenos Aires amaneció completamente bloqueada, transformándose en un símbolo de la resistencia territorial. Los cortes se replican en puntos neurálgicos de todo el territorio nacional, con especial impacto en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires y capitales provinciales. La UTEP denuncia que esta medida representa un robo sistemático a los sectores más vulnerables, quienes ya enfrentan la expulsión de más de 300 mil trabajadores del empleo formal durante la gestión de Javier Milei.
La organización cuestiona la narrativa oficial que los presenta como "beneficiarios de planes", reivindicando su condición de clase trabajadora que inventó laburo donde ni el Estado ni el mercado supieron responder. La eliminación del salario social complementario no solo empuja a la indigencia a casi un millón de personas, sino que genera un efecto dominó en las economías locales. En provincias como Chaco, donde 45 mil trabajadores perciben este ingreso, la medida implica que más de 3.500 millones de pesos dejarán de circular mensualmente, provocando una recesión local estimada entre 6% y 10% del consumo.
La protesta trasciende el reclamo sectorial para convertirse en una batalla cultural contra el discurso meritocrático del gobierno. Los trabajadores de la economía popular exponen la contradicción fundamental del modelo: exigen productividad sin garantizar condiciones mínimas de subsistencia. Esta movilización masiva demuestra que la resistencia se organiza desde los territorios, cuestionando la lógica extractivista que prioriza la especulación financiera sobre la vida digna de las mayorías. La calle se convierte nuevamente en espacio de disputa política frente a un gobierno que profundiza la desigualdad estructural.
