Washington arde con la energía de cientos de estudiantes que convergen en el Capitolio. La Asociación de Estudiantes de Estados Unidos (USSA) celebra su 48ª conferencia legislativa nacional con un mensaje claro: la educación pública está bajo ataque sistemático y la resistencia se organiza desde las bases. Gresia Martínez, directora ejecutiva de United We Dream, lanza la consigna ante delegados de todo el país: "La realidad es que nuestra oposición tiene mucho dinero, mucho poder y mucho impulso. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad asegurarnos de que todos tengamos clara la tarea".
La conferencia, organizada por Tiffany D. Loftin -quien lleva 18 años en el movimiento estudiantil desde su época universitaria- reúne a participantes de asociaciones estudiantiles de campus diversos. La agenda combina sesiones legislativas, talleres de formación y preparación para encuentros con representantes políticos. El ambiente es de urgencia militante, con estudiantes intercambiando estrategias para ampliar derechos y enfrentar la embestida conservadora.
En el panel "ICE contra todos", activistas como Abraham Paulos y Michael Foote desnudan las conexiones entre políticas migratorias represivas y el control sobre la juventud. Foote, abogada e influencer neoyorquina, subraya la importancia del trabajo colectivo: "Alguien se está aprovechando de tu soledad. Alguien se está aprovechando de que te sientas desorganizado, impotente y sin derechos... Esto es realmente un trabajo colectivo". Paulos, sobreviviente del sistema carcelario y subdirectora de la Alianza Negra por la Inmigración Justa, traza líneas históricas: "Los primeros excluidos de la ciudadanía fueron las personas negras y morenas, los indígenas... El primer movimiento por los derechos civiles nos dio la 14ª Enmienda, ciudadanía por derecho de nacimiento".
La USSA, con raíces que se remontan a la lucha antifascista de los años 30, ha evolucionado desde sus orígenes liberales hacia un espacio donde convergen diversas corrientes de izquierda, incluyendo comunistas. David Green, estudiante de la Universidad de Howard y miembro de la Liga de Jóvenes Comunistas, asiste buscando "experiencia, testimonios y estrategias de estudiantes de todo el país". Esta diversidad ideológica se plasma en talleres como "Los campus censurados de Estados Unidos: Defendiendo la libertad de aprender" y "Cómo estudiantes y trabajadores logran el cambio juntos".
La movilización culmina con una marcha al Capitolio y reuniones con congresistas para exigir cuatro demandas concretas. La Beca Pell, que sostiene a 7 millones de estudiantes de bajos ingresos, enfrenta recortes que podrían reducir las ayudas en miles de dólares por persona. Los activistas exigen que este programa deje de depender del presupuesto discrecional y se convierta en fondo obligatorio. Los programas federales TRIO, esenciales para estudiantes con discapacidades, veteranos y primera generación universitaria, están en la mira del régimen Trump, que propone recortes drásticos para 2026.
El Departamento de Educación sufre un desmantelamiento progresivo. El año pasado, el régimen Trump intentó eliminar todos sus fondos, y aunque el Congreso lo impidió, funciones clave como el programa Título 1 fueron transferidas al Departamento de Trabajo sin recursos ni personal adecuado. La estrategia es clara: debilitar la educación pública para empujar hacia escuelas con fines de lucro.
La Ley SAVE America representa la amenaza más directa a los derechos democráticos. Los jóvenes la califican como "un nuevo impuesto electoral al estilo de las leyes de segregación racial Jim Crow", pues exigiría pasaporte o certificado de nacimiento para votar, afectando a 21 millones de personas. Además, crearía obstáculos para la inscripción en campus universitarios y el voto por correo, vital para casi la mitad de los estudiantes que estudian fuera de sus estados.
Esta lucha estudiantil trasciende lo educativo para insertarse en una batalla más amplia contra el fascismo y por la democracia. Los jóvenes, conscientes de que enfrentan a poderes económicos y políticos enormes, construyen resistencia desde la organización colectiva. Su energía y liderazgo emergen como fuerza motriz en la defensa de derechos que el neoliberalismo pretende arrebatar. La educación pública se defiende en las calles y en los pasillos del Congreso, con la convicción de que sin acceso al conocimiento no hay futuro posible para las mayorías.
