Carlos Propato tenía 11 de la mañana del 13 de abril de 1976 marcados para siempre. Trabajaba como obrero en la planta de Ford en General Pacheco cuando una comisión de ocho soldados con un oficial a cargo se lo llevó. "Me entregó el capataz a cargo", contó ante la comisión de Tierras de la Cámara de Diputados bonaerense. El capataz era de Ford. La camioneta que lo esperaba, también. Lo llevaron a El Quincho, un lugar de recreación que los propios trabajadores habían impulsado. Ahí lo tuvieron 12 horas, pateado y torturado. Después vino la Comisaría Primera de Tigre, Campo de Mayo, Devoto. Diez días sin comer, golpizas día por medio, 40% de la vista del ojo derecho perdida, la columna fracturada.
La expropiación no es un capricho. Es la reparación que el Estado le debe a los 24 trabajadores de Ford secuestrados, torturados y asesinados por la dictadura del 76. Los dueños de la empresa no fueron víctimas del terrorismo de Estado. Lo financiaron. En 2018, la Justicia argentina condenó a Pedro Müller, a cargo del directorio de Ford, a 10 años de prisión; a Héctor Sibilla, jefe de seguridad de la fábrica, a 12. Fue la primera sentencia contra directivos de una multinacional por delitos de lesa humanidad. En 2021 la ratificaron.
El proyecto del diputado Christian Castillo acumula una década de postergaciones: obtuvo media sanción en 2015 y el Senado lo dejó dormir. Ahora podría tratarse sobre tablas el próximo martes. "Es una deuda que tiene la provincia con los trabajadores detenidos de la Ford", dijo Castillo. La deuda no es solo con ellos: es con la memoria de un país donde los empresarios que entregaron a sus obreros todavía esperan juicio o murieron sin condena.
