La Junta de Educación de Filadelfia adoptó un plan preliminar que recorta 225 millones de dólares del presupuesto escolar para el próximo año fiscal, desatando la indignación de sindicatos y residentes que denuncian el ataque sistemático contra la educación pública. El superintendente Tony Watlington justifica los recortes como necesarios para enfrentar un déficit de 300 millones, atribuyendo la crisis al subfinanciamiento estatal y al fin de la ayuda federal post-pandemia.
El plan eliminaría aproximadamente 220 puestos de suplentes de edificio, reasignaría 340 posiciones escolares y cortaría 130 roles vacantes en oficinas centrales. También cancelaría contratos que, según Watlington, no mejoran la asistencia o el rendimiento estudiantil. Estas medidas formarían parte de una estrategia para eliminar el déficit estructural para 2030, aunque el presidente de la Junta, Reginald Streater, reconoce el dolor que causarán en las escuelas de la ciudad.
La resistencia se organiza desde las bases. Sindicatos y residentes condenan masivamente lo que califican como un ataque neoliberal contra el derecho a la educación, especialmente en comunidades históricamente marginadas. La alcaldesa Cherelle Parker propuso un impuesto de 1 dólar por viaje a Uber y Lyft para generar 48 millones anuales que salvarían 240 puestos, pero su aprobación en el Concejo Municipal es incierta.
Pero no es todo, y esto enoja aún más al pueblo. Porque mientras se habla de recortar presupuestos, se aumentan los montos de subvención o financiamiento a privados. De esta manera, una vez más, las politicas del capitalismo dejan a la vista sus objetivos. Recorta en educación básica pero se aprueban contratos millonarios, incluyendo 84.5 millones para programas preescolares y 18.8 millones en pagos a instituciones privadas. La lucha en Filadelfia refleja un patrón nacional donde la educación pública enfrenta asedio financiero, obligando a comunidades a organizarse en defensa de un derecho fundamental que el mercado nunca garantizará.
