La protección de los glaciares argentinos enfrenta su momento más crítico. Con una reforma legislativa que redefine zonas protegidas para habilitar actividades extractivas, organizaciones ambientales han iniciado acciones judiciales para garantizar la participación ciudadana en audiencias públicas. El Senado ya aprobó la modificación de la Ley 26.639, abriendo la puerta a minería e industrias en áreas periglaciares que representan el 0,21% del territorio pero alimentan 36 cuencas hídricas.
La situación es alarmante: estas reservas son fundamentales para comunidades y ecosistemas en un país mayormente árido. La reforma permitiría que autoridades definan, bajo criterios administrativos sin sustento científico, qué glaciares pueden ser intervenidos. Expertos advierten que actividades mineras con explosivos destruyen irreversiblemente estos ecosistemas, acelerando el derretimiento glaciar y contaminando ríos y acuíferos.
La audiencia pública convocada para los próximos días registró una cifra récord de 100.000 inscripciones, reflejando el profundo malestar social. Sin embargo, organizaciones denuncian que el proceso participativo no cumple con la Ley General del Ambiente ni con el Acuerdo de Escazú, anticipando impugnaciones judiciales. La sociedad civil se moviliza contra lo que considera una entrega de recursos estratégicos a intereses extractivistas.
El gobierno promete "un millón de puestos de trabajo" mineros, pero especialistas desmienten estas afirmaciones como mitos sin evidencia empírica. La realidad muestra que economías regionales como agricultura, vitivinicultura y turismo, que generan empleo y arraigo territorial, quedarían amenazadas. La Justicia emerge como último bastión para proteger estas fábricas naturales de agua, en una batalla que define si el agua seguirá siendo un derecho humano o se convertirá en mero insumo industrial.
