La historia que cuenta Martín Ferroni, abogado de Oremba'e, tiene algo de paradoja cruel: la veda del glifosato en Misiones nunca llegó a regir. Una ley de 2023 la había fijado para dentro de dos años, después un decreto la estiró a cinco, otro suprimió la obligación de inscribirse en un registro y en septiembre una nueva norma eliminó el artículo que la establecía. Ferroni lo dice sin rodeos: "Nunca llegó a estar operativa esa prohibición". El retroceso no fue sobre algo vigente sino sobre una promesa que el poder empresarial fue desarmando paso a paso.
El amparo colectivo está en el juzgado civil y comercial número dos de Posadas, a cargo de la doctora Basida Lupi. Oremba'e alega inconstitucionalidad por violación del principio de no regresión ambiental y por la ausencia total de participación ciudadana en el proceso legislativo. Más de ocho proyectos reconocían consultas al sector empresarial; a las comunidades indígenas nadie les preguntó, pese al convenio 169 de la OIT.
Hay un detalle que Ferroni subraya: el Cenasа vigila residuos químicos en alimentos, pero sobre yerba y té no examina el glifosato. El INYM reconoce que se usa en el cultivo, los empresarios del té lo admiten. "Cuando se lo buscó, se lo encontró", dice, recordando un examen azaroso que detectó residuos donde no había obligación de controlarlos. La ley que creaba un laboratorio provincial para analizar residuos nunca se implementó.
El caso de Virginia Paricio, investigadora del Conicet exonerada del INTA por estudiar esos residuos, ilumina la misma trama: un poder que castiga a quien mira lo que no debe mirarse. La utopía redentora aquí tiene forma de amparo, de laboratorio vacío, de una prohibición que espera su primera oportunidad.