A cincuenta y tres años del derrocamiento de Salvador Allende, el artículo de Enrique Villanueva M. pone el dedo en una llaga que la ultraderecha gobernante prefiere tapar con eufemismos. El autor reclama al embajador de Estados Unidos que explique la intromisión de su gobierno en la caída del presidente. No es un detalle menor: documentos desclasificados por el National Security Archive confirman que Richard Nixon ordenó a la CIA activar el Track II para promover la asonada. La orden fue anterior a que Allende asumiera.
Villanueva insiste en terminar con las fórmulas que edulcoran lo ocurrido. No fue un "golpe cívico-militar" ni un "régimen militar". Fue una ruptura del orden constitucional, civil y castrense, con apoyo de partidos, empresarios, gremios, medios y miembros del Poder Judicial que utilizaron a los uniformados para asesinar al presidente y eliminar todo vestigio de su gobierno.
El paso del tiempo no borra la culpabilidad. Quienes hoy buscan el indulto participaron en la planificación de los centros de detención y tortura. La edad o la enfermedad no convierten a un genocida en una persona justa. Otorgarles la libertad sería una afrenta al país que reclama paz y justicia.
