El juicio que comenzó el 5 de mayo de este año entra en su recta final. El 2 de julio terminaron de declarar los “testigos de concepto”, expertos y especialistas citados por las partes acusadoras para aportar un marco analítico sobre la sistematicidad de la represión y el impacto social del terrorismo de Estado. Los alegatos de la querella están previstos para el 23 de julio y la sentencia para el jueves 30.
La abogada Julia Giordano, de la APDH, explicó que el rol de la querella es llevar al tribunal las voces de las víctimas y expertos para transformar lo que la sociedad afirma en una sentencia judicial. “El derecho es una construcción social que visibiliza las relaciones de fuerza de una sociedad”, señaló. Entre los especialistas que declararon estuvieron el periodista Carlos del Frade, la profesora Nora Pulido, el exjuez de familia Antonio Ramos, la abogada Martha Andrada, la psicóloga Natalia Amatellio y la abogada Nelly Minyersky, entre otros.
Del Frade trazó una línea histórica del aparato represivo y afirmó que la causa demuestra que el objetivo del golpe fue la persecución de trabajadores con ideas de igualdad y justicia social, en el marco de una estrategia planificada desde años previos a 1976. Pulido diferenció los crímenes contra las infancias de la figura tradicional de violencia física, ya que esta no alcanza a describir la “desestructuración psíquica y social” a la que fueron sometidos. Habló de “crueldad planificada” como un mecanismo institucional y sistemático de deshumanización.
El exjuez Ramos señaló que es la primera vez que se juzga el delito de abandono de personas como crimen de lesa humanidad en el fuero federal, y explicó que las fuerzas de seguridad conocían el peligro al desamparar a los niños tras detener a sus padres. Andrada aseguró que la embestida a los hogares en mitad de la noche, destrozar juguetes y colchones, secuestrar o torturar a los padres frente a los niños fue una política coordinada, no una acción improvisada.
Amatellio sostuvo que la infancia es una etapa fundamental para la estructuración del psiquismo y que las marcas de esas vivencias pueden durar toda la vida. Minyersky recordó que en el plan sistemático de la dictadura hubo niños apropiados, nacidos en cautiverio, institucionalizados y adoptados con adopciones falsas, y pidió que se anulen aquellas adopciones que tuvieran como antecedente un ilícito. La última en declarar fue Marta Liliana Vivas, víctima y testigo, que contó cómo su mamá fue secuestrada cuando ella tenía seis años y nunca pudo recuperar la memoria de esos días. “Lo único que nos va a rescatar es la justicia”, aseguró.
