La educación pública argentina atraviesa su momento más crítico en décadas. El ajuste histórico del gobierno nacional contra los salarios docentes, que incluye la negativa a pagar el Incentivo docente dejando una deuda de $5.000.000 por cada trabajador de la educación, se combina con el recorte presupuestario que liquida las partidas para escuelas técnicas y ataca la paritaria nacional. Este desfinanciamiento sistemático tiene un objetivo claro: pagar la estafa de la deuda con el FMI y los bonistas buitres.
Los gobernadores provinciales descargan sobre docentes, estatales y la salud los recortes que Milei aplica a los distritos. Esta doble presión explica la explosión de conflictos en todo el territorio nacional. En Córdoba, la docencia protagonizó una verdadera rebelión contra la conducción gremial celeste, rechazando masivamente tres propuestas salariales consecutivas. El gobierno de Llaryora respondió con medidas antidemocráticas como la eliminación de licencias gremiales para la delegación Capital de UEPC.
Río Negro muestra otro frente de batalla. La docencia organizada en UnTER denuncia que el gobierno provincial tildó de "extorsión" el mandato democrático construido desde las asambleas. La verdadera extorsión son los salarios fijados en la pobreza y las escuelas abandonadas. Por eso convocaron a un nuevo paro de 48 horas para el 16 y 17 de abril.
Santa Cruz vive su propia resistencia. La ADoSaC realiza paros de 24 y 48 horas con movilizaciones, incluso en unidad con el Frente Sindical contra la ley de emergencia económica del gobierno de Vidal. Ante la falta de respuesta, definieron un paro de 72 horas con marcha de antorchas a la casa de Gobierno.
Tierra del Fuego, Chaco, San Juan, Corrientes, Catamarca, Misiones, Neuquén y Jujuy completan el mapa de la resistencia docente. Cada provincia con sus particularidades, pero todas enfrentando el mismo modelo que prioriza el pago de la deuda externa sobre el derecho a la educación.
En la provincia de Buenos Aires, la lucha adquiere un tono especialmente dramático. Este miércoles 15 se cumple un mes del asesinato de Cristian, docente de La Matanza que trabajaba con una aplicación para llegar a fin de mes. La familia y las organizaciones docentes reclaman justicia mientras exigen mejoras salariales que eviten estas tragedias.
Frente a este panorama nacional, la conducción de CTERA, SUTEBA y UTE se limitó a convocar una concentración "fantasmal" ante la Secretaría de Trabajo. Por eso desde las bases se reclama que estos gremios convoquen a parar el martes 21, en unidad con el paro nacional de estatales que llama ATE. La Coordinación Nacional Docente de gremios, la FND, seccionales y agrupaciones combativas debe impulsar esta acción como inicio de un verdadero plan de lucha nacional.
La solidaridad se extiende también a trabajadores de la salud perseguidos por luchar, como César Latorre, despedido arbitrariamente del Hospital Italiano. La consigna es clara: plata hay, pero debe ir a educación y salarios, no al FMI y los bonistas buitres. Eliminar los vouchers y subsidios a escuelas privadas para destinarlos a la educación estatal, y establecer un impuesto real a la riqueza de los sectores más concentrados, son medidas urgentes para construir la educación pública de calidad que el pueblo necesita.
