La Comunidad Indígena de Peñas Negras, del pueblo Diaguita, volvió a declararse en alerta y asamblea permanente frente al ingreso violento de personal minero y la presencia policial en su territorio, en el extremo norte del departamento Belén, Catamarca, a más de 3.500 metros de altura. Andrea Morales Leanza, representante legal de la comunidad, denunció golpes, amenazas y hostigamiento, y afirmó que las familias se encuentran sitiadas. La comunidad prepara una acción de amparo y reclama el respeto a su rechazo a la minería, sin obtener respuesta de las autoridades. El acceso desde Catamarca está dificultado y grupos impiden el ingreso de quienes intentan brindar asistencia, por lo que Morales Leanza debió coordinar su entrada desde la localidad salteña de Jasimaná, utilizando caminos ancestrales.
El conflicto tiene un antecedente directo: en abril de 2024, un operativo policial acompañó el ingreso de la minera Elevado Gold y terminó con comuneros reprimidos, entre ellos Félix Escalante, de 83 años, herido por balas de goma. La Policía de Catamarca rechazó que haya existido una represión; el jefe de la fuerza provincial, comisario general Manuel Herrera, sostuvo que las versiones difundidas eran erróneas y falsas, y afirmó que los efectivos intervinieron para evitar una escalada del conflicto entre sectores de las comunidades. La abogada confirmó que son numerosas las denuncias presentadas ante la violencia del sector minero, pero no están teniendo ninguna respuesta.
Peñas Negras está integrada por unas 40 familias que desarrollan pastoreo de altura, principalmente cría de llamas, además de artesanías. La comunidad sostiene que no autorizó el ingreso ni las tareas de exploración y reclama el retiro de la empresa. El área donde se pretende avanzar contiene aguadas y cursos de agua fundamentales para la vida de las familias y los animales. Morales Leanza cuestionó que el procedimiento minero se haya desarrollado sin una Consulta Previa, Libre e Informada. La denuncia se apoya en el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. La comunidad presentó en 2021 la documentación para obtener su reconocimiento jurídico como comunidad indígena, trámite que continúa demorado y afecta el ejercicio efectivo de sus derechos colectivos.
