Los números son escandalosos: los auxiliares de segunda reciben $208.987,82 brutos, los jefes de trabajos prácticos $312.696,06, y los profesores de dedicación exclusiva apenas superan el millón y medio. Esta realidad contrasta brutalmente con la canasta básica total que ronda los $1.397.672 para un hogar tipo. Federico Gayoso, secretario general de Coad, advierte que el atraso salarial alcanza el 55% respecto a diciembre de 2023, y para recuperar el poder adquisitivo de 2015 necesitarían aumentos del 104%.
La comunidad universitaria responde con un plan de lucha que incluye paros de semana completa. Este miércoles cumplieron el tercer día de una huelga que se extenderá hasta el viernes, con acatamiento "muy alto" en facultades y escuelas medias. La protesta se articula con la carpa de la resistencia en plaza San Martín, donde diversos gremios y agrupaciones convergen en defensa del trabajo, la salud y la educación.
El corazón del conflicto late en la ley de financiamiento universitario, aprobada por el Congreso pero sistemáticamente ignorada por el gobierno de Milei. Aunque el Poder Legislativo revirtió el veto presidencial, la norma sigue sin aplicarse. En diciembre, el CIN presentó un amparo que obtuvo medida cautelar favorable, pero el Ejecutivo apeló y presentó un proyecto alternativo rechazado por la comunidad académica.
Esta crisis no es solo salarial sino estructural: docentes renuncian, multiplican empleos, dan clases particulares o emprenden actividades diversas para sobrevivir. El sistema universitario público, históricamente pilar de movilidad social, se desmorona bajo políticas que privilegian el ajuste sobre el derecho a la educación. La resistencia se organiza, pero la pregunta persigue: ¿hasta cuándo podrá sostenerse la educación pública con salarios de hambre?
