Laura Alcaide, referente de la Asamblea Discas en Lucha y de Orgullo Disca, leyó la salida de Alejandro Vilches al frente de la Secretaría de Discapacidad como un eslabón de una secuencia mayor. El funcionario era una de las caras del ajuste y su partida responde a que ya no estaba dispuesto a poner el cuerpo para sostenerlo. La renuncia ocurre en medio del debate por el Presupuesto 2027, que según Alcaide desarma por dentro la ley de emergencia en discapacidad que las organizaciones pretenden renovar por un año más.
El organismo que fue la Agencia Nacional de Discapacidad, hoy degradado a secretaría dentro de la órbita de Salud, viene cayéndose a pedazos. Alcaide rechaza la excusa de la falta de fondos: sostiene que el dinero está, pero no se sabe cómo se maneja. En estos días se difundió que hay 158.000 millones de pesos que no se sabe dónde están, una auditoría que responde a la gestión de Diego Espanolo. Sobre el tramo de Vilches también habrá una auditoría. En lugar de responder por eso, dice Alcaide, abandonó el barco.
No es un caso aislado. La referente subraya que todos los funcionarios sostienen el ajuste y todos son responsables. No se trata solo de Milei o de Karina: cada uno de los que pasaron por la gestión cargan con la corrupción que atraviesa al área. Lo que hay, dice, es asquerosa corrupción. Y mientras unos se bajan del barco, el gobierno insiste en no prorrogar la emergencia y manda un presupuesto de base que vuelve a cero esa ley.
El proyecto oficial elimina el nomenclador, rompe el sistema de prestaciones básicas de la ley 24901 y retrotrae el régimen de pensiones al de invalidez laboral. Eso significa constituir a las personas con discapacidad como incapaces de acceder al mundo del trabajo, cuando el 90 por ciento está desocupado y quienes consiguen empleo lo hacen en condiciones precarias. Hoy la pensión es compatible con dos sueldos mínimo vital y móvil, algo que el presupuesto elimina. La pensión, además, representa el 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio, un monto que apenas compensa los gastos extra que implica vivir con discapacidad.
La falta de universalidad del nomenclador es otro golpe. Cada prestador podrá fijar el valor que quiera, lo que profundiza la desigualdad: quien tenga prepaga accederá a un sistema de lujo y quien dependa de una obra social quedará relegado. Los prestadores ya cobran a 90 días y están ahogados. Sin el nomenclador que iguala el valor de cada prestación, esa desigualdad se agrava.
Alcaide enumera la política oficial hacia el sector: vaciar el organismo, convertirlo en negocios particulares, rechazar las leyes que aprueba el Congreso, reducir el gasto. El sistema capitalista, dice, es en sí mismo discapacitante: en las fábricas no paran de quedar personas con alguna discapacidad. Por eso la pelea no es por lo máximo, sino por lo mínimo. Mañana la Asamblea se moviliza en Plaza Congreso desde las 11, a la espera del dictamen por la prórroga de la Ley de Emergencia hasta 2027. El miércoles pasado, recuerda, se les vedó la participación en el Congreso: solo trabajadores o familiares pudieron tomar la palabra y las personas con discapacidad miraron por televisión.
