Hace exactamente un siglo, entre el 4 y el 12 de mayo de 1926, Gran Bretaña vivió uno de los episodios más intensos de su historia de luchas: la Huelga General. Nueve días en los que el país dejó de funcionar. Los trenes no rodaron, las fábricas cerraron, la electricidad se apagó. La clase trabajadora mostró, en los hechos, quién sostiene realmente la economía.
El conflicto no cayó del cielo. Venía gestándose desde la posguerra, cuando el otrora poderoso imperio británico perdió su lugar dominante en la economía mundial. Los dueños del capital, para recuperar competitividad, decidieron descargar el peso de la crisis sobre los hombros de quienes trabajan: salarios a la baja, condiciones más duras, recorte del gasto social. La respuesta obrera fue la organización y la lucha. Mineros, ferroviarios, portuarios y otros sectores se movilizaron contra la ofensiva patronal.
Lo más impactante de aquellos días fue la aparición de los Consejos de Acción, embriones de un poder paralelo. Por primera vez, el Estado capitalista sintió que su autoridad era desafiada desde abajo. La Huelga General planteó una pregunta incómoda para el sistema: ¿quién manda realmente en la sociedad? La respuesta práctica fue contundente: sin el permiso de la clase obrera, ni una rueda gira.
Sin embargo, ese poder inmenso no se utilizó para ir hasta el final. El Partido Comunista, aún débil, depositó una confianza excesiva en los dirigentes sindicales del TUC, quienes terminaron traicionando el movimiento. A los nueve días, la huelga fue desactivada desde arriba, dejando a los mineros solos frente a la derrota.
Un siglo después, las contradicciones que llevaron a 1926 vuelven a estar sobre la mesa. Gran Bretaña busca nuevamente su lugar en un mundo que se reconfigura, con deudas enormes, industria devastada y desigualdad creciente. La lección de aquellos nueve días sigue vigente: el poder de la clase trabajadora existe, pero sin una dirección revolucionaria que lo encauce, corre el riesgo de ser desperdiciado.