La cuarta Marcha Federal Universitaria promete ser la más masiva. Convocada para este martes 12 de mayo, la protesta tiene como epicentro Plaza de Mayo pero se replica en cada rincón del país, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. La Central General de Trabajadores (CGT) confirmó su adhesión, lo que le da un carácter multisectorial al reclamo contra el ajuste del Gobierno nacional.
El conflicto estalla por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso en octubre de 2025 y ratificada por la Justicia. El oficialismo, lejos de acatar, redobló la apuesta: este lunes firmó la Decisión Administrativa 20/2026 que recorta 5.303 millones de pesos en obras de infraestructura universitaria, dentro de un ajuste mayor de 78.768 millones sobre la Secretaría de Educación.
Las universidades del interior son las más golpeadas. Franco Bartolacci, rector de la UNR y presidente del CIN, fue contundente: "Las transferencias cayeron un 45,6% desde 2023. Estamos a la mitad de nuestras capacidades". En la UTN ya se registraron más de mil renuncias docentes. "Hay un éxodo sin precedentes", denunció Ricardo Mozzi, del gremio FAGDUT. En la UNER, el 70% de quienes renunciaron son menores de 40 años.
El ajuste no solo castiga salarios. Las becas estudiantiles se congelaron, las obras están paralizadas y la ciencia quedó en terapia intensiva. La UNSAM lanzó un programa propio de becas para tapar el agujero que dejó el Estado nacional. En la UNLP, las obras se sostienen con recursos propios. La UNCUYO, la UNCo, la UNNE y la UNT también se movilizan.
El sistema sigue en pie, pero cada vez más exigido. La erosión es lenta pero constante. La marcha de este martes no es solo un grito por el presupuesto: es una advertencia sobre el futuro de la educación como derecho.
