El hallazgo de miles de truchas sin vida en las aguas de Junín no fue un accidente natural. Detrás de esta masacre ecológica está el cianuro, el veneno que la gran minería utiliza sin control y que termina filtrándose a los causes de los ríos. Las comunidades locales ya habían denunciado la presencia de metales pesados y químicos letales en el agua, pero sus alertas fueron ignoradas por las autoridades.
La contaminación del río Yuracyacu es el ejemplo más reciente de un patrón que se repite en todo el Perú: la minería a gran escala opera con total impunidad, envenenando fuentes de agua y destruyendo la biodiversidad. Las truchas muertas no son solo un desastre ambiental, son la evidencia de un modelo extractivista que prioriza las ganancias empresariales por encima de la vida de los pueblos y los ecosistemas.
Frente a esta tragedia, las organizaciones sociales y las comunidades campesinas exigen respuestas y medidas concretas. La lucha por el agua limpia y por el derecho a un ambiente sano se vuelve cada vez más urgente. La muerte de las truchas es un grito de alerta que no puede ser silenciado por los intereses de las transnacionales mineras.
