Las corporaciones biotecnológicas cambiaron de estrategia. Ya no insisten tanto con los transgénicos clásicos, que cosecharon décadas de rechazo social. Ahora empujan en Chile las llamadas Nuevas Técnicas Genómicas (NTG), presentándolas como una innovación inofensiva, casi natural. Pero detrás del maquillaje verde, el objetivo es el mismo de siempre: control corporativo de las semillas, patentes, dependencia y desplazamiento de la agricultura campesina.
Organizaciones campesinas, ambientales y de la sociedad civil denuncian al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) por falta de rigor científico y procesos democráticos en la regulación de estos cultivos editados genéticamente. La jugada es clara: que ingresen al mercado sin ser considerados transgénicos, esquivando etiquetado, controles y evaluaciones independientes. Así, las empresas evitan el debate público que siempre frenó a los OGM.
El modelo no cambió: monocultivos, agrotóxicos, concentración de la tierra y semillas que, una vez contaminadas por estos cultivos, pierden su carácter libre para siempre. Las semillas nativas y criollas, patrimonio de los pueblos, quedan en la mira de un sistema que no busca alimentar, sino controlar.
Las mujeres campesinas e indígenas son las guardianas históricas de ese patrimonio. Desde ANAMURI levantan la voz contra esta flexibilización regulatoria que favorece a las transnacionales. También es clave el trabajo de RAP-Chile y de María Elena Rozas, décadas denunciando los impactos de los agrotóxicos y el avance del agronegocio sobre la salud y los territorios.
Frente a esta ofensiva, la agroecología campesina demuestra que hay otro camino: producir alimentos sanos cuidando la tierra, las aguas y las semillas. Sin semillas libres no hay soberanía alimentaria. Y sin soberanía alimentaria, los pueblos no tienen futuro.
