El presidente Rodrigo Paz firmó la abrogación de la Ley 1720 luego de que comunidades indígenas y campesinas sostuvieran una marcha de 27 días desde la Amazonía hasta La Paz, sumada a vigilias permanentes frente al Parlamento. La norma, promulgada el 8 de abril con respaldo de sectores agroindustriales cruceños, permitía reclasificar la pequeña propiedad rural en mediana para usarla como garantía bancaria, lo que según sus detractores abría la puerta a la concentración de tierras y al despojo de territorios colectivos.
"La Ley 1720 fue abrogada, ya no existe, se acabó esa ley", declaró Paz en un video oficial, aunque dirigentes movilizados denunciaron que el Ejecutivo nunca instaló una mesa de diálogo directa con quienes llegaron caminando desde Beni y Pando. Carmelo Arce, representante de los marchistas, había advertido días antes que no existía acuerdo alguno con el gobierno y que la movilización se mantendría hasta la anulación definitiva. La Cámara de Diputados sancionó la Ley 417 que dejó sin efecto la controvertida norma, en un giro político que evidenció el peso de la organización territorial frente a los intereses del agronegocio.
La rápida caída de la Ley 1720 reabre un debate histórico en Bolivia sobre la propiedad de la tierra. Paz anunció que se construirá una nueva legislación "con consensos", pero la desconfianza persiste. La lección es clara: cuando las comunidades se movilizan de forma sostenida y unitaria, el poder institucional termina cediendo. La tierra, en el imaginario boliviano, sigue siendo mucho más que una mercancía.
