Un informe demoledor de Human Rights Watch titulado "Algoritmos de explotación" sacude la antesala de las negociaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) previstas para junio de 2026. El documento revela que las empresas de plataformas construyeron un modelo de negocios que esquiva sistemáticamente las protecciones laborales, trasladando todos los riesgos y costos a las espaldas de quienes trabajan. La OIT estima que el trabajo de plataformas prácticamente se duplicó entre 2016 y 2021, y el Banco Mundial calcula que hasta 435 millones de personas en todo el mundo perciben ingresos a través de estas aplicaciones. Sin embargo, las protecciones laborales no crecieron al mismo ritmo.
El informe recoge testimonios de trabajadores de conducción y reparto en India, Kenia, Líbano, México, Pakistán y Reino Unido, más personas migrantes retornadas de Bangladesh y Nepal que trabajaron en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. Las historias se repiten como un calco: largas jornadas, ingresos imprevisibles y en caída libre, riesgos graves para la seguridad. Apraham, un conductor en Beirut, contó que desde 2015 sus ingresos disminuyeron de manera constante hasta no poder cubrir gastos diarios ni aportar a la seguridad social. Tras perder su auto y teléfono en un robo violento mientras trabajaba para Uber, la empresa no le brindó apoyo alguno. Agnes Mwongera, conductora en Nairobi, denunció una agresión de un pasajero y nunca recibió respuesta de su compañía. Graeme Franes, mensajero en bicicleta en Escocia, quedó seis meses sin poder trabajar tras fracturarse un brazo durante una agresión, dependiendo de amigos y familiares.
Las empresas clasifican a estas personas como contratistas independientes o autónomos, lo que en muchos países los excluye del salario mínimo, la seguridad social y las garantías de seguridad laboral. A su vez, ejercen un control férreo mediante sistemas algorítmicos que determinan la remuneración, asignan tareas y pueden suspender cuentas sin transparencia ni posibilidad real de apelación. Estudios previos de HRW en Estados Unidos ya mostraban que, descontados los gastos, muchos trabajadores de plataformas ganan muy por debajo de un salario digno.
El tratado que se negocia en la OIT representa la primera oportunidad global para corregir este rumbo. Human Rights Watch insta a los gobiernos a establecer una presunción de empleo cuando las empresas ejerzan control sobre los trabajadores, exigir remuneración justa que compense la totalidad del tiempo trabajado, garantizar acceso universal a seguridad social, imponer transparencia algorítmica y asegurar que las empresas rindan cuentas. También reclama extender las protecciones de salud y seguridad laboral —incluyendo medidas contra el calor extremo— y garantizar el derecho a sindicalizarse sin represalias.
Las decisiones que tomen los gobiernos en junio determinarán el futuro del trabajo para millones de personas. La discusión no es técnica ni menor: se trata de definir si la tecnología servirá para profundizar la desigualdad o para construir un piso de derechos que ponga fin a la explotación algorítmica.
