El gobierno de Javier Milei impulsa la privatización del sistema nuclear argentino, incluyendo la cesión de la explotación de las reservas de uranio. La medida, que distintas fuentes califican como una entrega de soberanía, forma parte de un plan más amplio de desguace estatal que ya incluye la venta de AYSA y otras empresas públicas.
Las tres fuentes consultadas coinciden en que el proyecto busca transferir al capital privado, mayoritariamente extranjero, el control de la cadena nuclear: desde la extracción del mineral hasta la generación de energía. Argentina posee una de las reservas de uranio más importantes de la región, además de un desarrollo tecnológico propio en el sector, con la empresa estatal Nucleoeléctrica como actor central.
La iniciativa se enmarca en el decreto de necesidad y urgencia que declaró "sujetas a privatización" a varias empresas del Estado. El argumento oficial es la necesidad de reducir el déficit fiscal, pero las organizaciones sociales y sindicatos advierten que se trata de un negocio millonario para grupos concentrados, a costa del patrimonio nacional.
El sistema nuclear argentino no solo genera energía limpia y de bajo costo, sino que también tiene aplicaciones en medicina, agricultura e industria. Entregarlo implicaría perder capacidad de decisión sobre un recurso estratégico en un contexto de crisis energética global.
Mientras el régimen Milei acelera el remate, crece la resistencia en los barrios, los gremios y las asambleas.
