La violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes es una herida abierta en el Perú. Miles de vidas arruinadas desde la infancia, embarazos forzados y muertes evitables. Frente a esta realidad, cualquier Estado que se precie de tal debería fortalecer la educación sexual en las escuelas. Pero el Ministerio de Educación peruano acaba de hacer exactamente lo contrario: eliminar la Educación Sexual Integral (ESI) y reemplazarla por un engendro normativo.
Siguiendo al pie de la letra la ley 32535, impulsada por la congresista Milagros Jáuregui de Renovación Popular —la misma que expuso públicamente a niñas embarazadas obligadas a gestar—, el viceministerio de Gestión Pedagógica sacó de circulación la ESI. En su lugar metió los “Lineamientos para la Educación Sexual con base científica, biológica y ética”, un concepto que no existe en ningún organismo internacional serio como la UNESCO o el UNFPA. Es puro capricho conservador disfrazado de ciencia.
El exministro Ricardo Cuenca fue claro: con este cambio desaparecen las referencias a la violencia escolar por orientación sexual e identidad de género, se borra el enfoque de igualdad de género como eje transversal y se eliminan las dimensiones política, legal, histórica y cultural de la sexualidad. O sea, se vacía de contenido cualquier posibilidad de formar personas críticas y libres.
Estamos ante un ataque triple: contra una población vulnerable, contra un avance que ponía al país en la dirección correcta, y contra la razón misma, porque no hay otro fundamento que la imposición de dogmas retrógrados. Un capricho ideológico convertido en política pública. Mientras tanto, las niñas y niños peruanos siguen esperando protección de verdad.
