El Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA) encendió todas las alarmas por la situación crítica de Alijor, la firma dueña de La Salteña. La conducción empresaria es la responsable directa del deterioro financiero que amenaza con dejar en la calle a 180 trabajadores de la planta de Garín.
Desde finales de 2024, los empleados vienen cobrando salarios de forma parcial y fuera de término. El gremio calificó este escenario como el resultado de "años de desinversión y malas decisiones de gestión". La empresa, dedicada a tapas para empanadas, tartas y pastas frescas, redujo su dotación de 320 trabajadores a casi la mitad en una década.
El STIA reconoció el impacto de la caída del consumo, la devaluación y el ajuste sobre la industria alimenticia, pero fue contundente: "No se puede trasladar el costo de la mala administración al bolsillo del trabajador". Pese a tratarse de productos de consumo masivo con demanda sostenida, Alijor arrastra graves problemas de planificación financiera, comercialización y distribución.
Tras casi veinte audiencias en el Ministerio de Trabajo sin avances, el sindicato agotó las instancias administrativas. Ahora impulsa alternativas más profundas: la incorporación de nuevos inversores o incluso una eventual venta de la compañía para que ingrese una administración diferente que aporte capital y preserve las fuentes laborales. El gremio ratificó que no aceptará "retiros encubiertos ni despidos".
La crisis de Alijor se suma a otros conflictos del sector, donde el STIA mantiene reclamos en Mondelez International, Georgalos y Lamb Weston. En un escenario de retracción económica, la pelea por cada puesto de trabajo se vuelve una cuestión de supervivencia colectiva que trasciende los balances empresarios.
