El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) avanza a toda máquina y ya se conocen los números de lo que el Estado dejará de percibir. Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, las empresas beneficiarias del RIGI no pagarán impuestos por unos 1.069 millones de dólares. La cifra surge de los primeros proyectos adheridos al régimen, que incluyen megainversiones en minería, energía y petróleo.
Pero el dato se agranda si se mira el mediano plazo. Un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) estima que la pérdida fiscal anual podría alcanzar los 1.400 millones de dólares. Es decir, el Estado resigna recursos que podrían destinarse a salud, educación o infraestructura para engordar las ganancias de las corporaciones. El RIGI, creado por la Ley Bases, exime del pago del Impuesto a las Ganancias, del Impuesto al Valor Agregado y de derechos de exportación, entre otros tributos.
Las críticas no se hicieron esperar. Desde distintos sectores señalan que el régimen profundiza el modelo extractivista y entrega soberanía fiscal a cambio de promesas de inversión que, en muchos casos, ya estaban en marcha. El economista Alejandro Bercovich advierte que el RIGI es un "super-RIGI" que beneficia a un puñado de empresas, en su mayoría extranjeras, sin garantías concretas de empleo o desarrollo local.
Mientras el gobierno de Javier Milei celebra la llegada de inversiones, los números muestran una realidad incómoda: el Estado se queda con menos recursos justo cuando más los necesita.
