EL ESTADO CHILENO NO PERSIGUE DELINCUENTES, SILENCIA VOCES MAPUCHE
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EL ESTADO CHILENO NO PERSIGUE DELINCUENTES, SILENCIA VOCES MAPUCHE

(★) .- Observador internacional denuncia que el megaoperativo contra Jorge Huenchullán y su esposa fue una cacería política con blindados y helicópteros de guerra.

El werken histórico Jorge Huenchullán Cayul y su esposa Carolina Padilla Manquel fueron detenidos en Temucuicui en el marco del "Operativo Tridente", un despliegue militar desproporcionado que incluyó helicópteros Puma, blindados de asalto y comandos de élite. Según el observador internacional Roberto Oyarzún Susñar, testigo presencial de los hechos, ningún Estado moviliza un arsenal de millones de dólares para capturar a un infractor menor de la ley. La conclusión es clara: lo que se persigue no es un delito común, sino una de las voces más determinantes del movimiento autonómico mapuche.
La narrativa oficial intentó vender la operación como una diligencia penal por microtráfico, pero Oyarzún desmonta esa versión. El despliegue, dice, emula doctrinas de ocupación territorial como las que aplica Israel en Cisjordania o las incursiones militares en favelas brasileñas. El verdadero crimen de Huenchullán y Padilla no es otro que la lucha por la restitución ancestral de la tierra, un acto que el modelo extractivista chileno considera subversión inadmisible.
La detención de Carolina Padilla no es un daño colateral, sino parte de una estrategia de castigo colectivo familiar, similar a las tácticas represivas contra la disidencia kurda en Turquía. Al encarcelar a la esposa del werken, el Estado busca quebrar su entorno de contención afectiva. Mientras tanto, el gobierno de José Antonio Kast intentó usar el allanamiento como trofeo electoral, aunque el Fiscal Regional Roberto Garrido Bedwell tuvo que desmarcar la acción del Ejecutivo, evidenciando fisuras internas.
Frente al cerco militar, Huenchullán y Padilla optaron por la entrega pacífica, un acto que según el observador despojó al Estado del pretexto para una masacre. La internacionalización del caso, con seguimiento de Naciones Unidas y la Unión Europea, opera ahora como contrapeso geopolítico frente a una institucionalidad chilena que, según Oyarzún, ya no ofrece garantías democráticas para el Wallmapu.

Fuente: liberacion.cl