La historia del uranio en Chubut no es un cuento del pasado: es una herida que sigue abierta y que ahora amenaza con reabrirse con más fuerza. En Cerro Solo, a 60 kilómetros de Gastre, el Estado nacional invirtió millones de dólares en exploración durante los años 80 y 90, pero el proyecto nunca entró en producción. Lo que quedó fue un legado ambiental indeseable: montañas de escombros radiactivos, suelos contaminados y una comunidad que aprendió a convivir con la incertidumbre de lo que dejaron las perforaciones abandonadas.
Hoy, ese silencio se rompe. Según datos oficiales, Chubut tiene más de 100 cateos mineros autorizados, y el uranio vuelve a estar en el centro de la escena. La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) sigue insistiendo con la extracción del mineral en la meseta central, a pesar de que el propio Estado reconoció en su momento que el yacimiento no era rentable. La pregunta que nadie responde es si realmente cambió algo para que ahora sí lo sea, o si simplemente se trata de un nuevo intento de meter la minería radiactiva por la ventana.
El contexto no ayuda a disipar las dudas. Mientras en otras provincias patagónicas se avanza con debates sobre la prohibición de la minería nuclear, en Chubut los permisos se multiplican sin que haya una discusión pública profunda. Las comunidades originarias y los vecinos de la zona recuerdan que el uranio no solo deja residuos para miles de años, sino que también hipoteca el futuro de territorios que dependen del agua y la tierra para vivir.
Lo que está en juego no es solo un proyecto minero más. Es la decisión de si Chubut va a repetir los errores del pasado o si, por fin, va a escuchar a quienes ya pagaron el costo de un desarrollo que nunca llegó.
