La Comisión de Evaluación Ambiental del Biobío, controlada por representantes del gobierno de José Antonio Kast, aprobó por unanimidad el proyecto minero de tierras raras de la transnacional Aclara Resources en Penco-Lirquén. La iniciativa, que contempla una inversión de US$130 millones y cuenta con el respaldo del presidente Kast desde enero pasado, fue rechazada por las comunidades pese a los supuestos beneficios que promete la empresa, como la generación de 2.200 empleos y un proceso que —según Aclara— no usa explosivos ni genera relaves.
La decisión se tomó apenas dos días después de una masiva marcha desde Penco a Lirquén, donde cientos de personas dejaron claro su rechazo al extractivismo en la Bahía de Concepción. Camila Arriagada, vocera de la campaña “Penco-Lirquén libre de mineras”, anunció que las organizaciones ya preparan una estrategia que combina reclamaciones ante el Servicio de Evaluación Ambiental, acciones en el Tribunal Ambiental y presión social sostenida. “Vamos a convocar manifestaciones, incluso avanzar hacia un paro comunal e intercomunal para construir una oposición más firme”, advirtió.
Javier Arroyo, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), señaló que la aprobación responde a una política gubernamental que acelera inversiones extractivas cuestionadas, pero aclaró que la luz verde no garantiza la construcción del proyecto. Recordó que en la misma Bahía de Concepción, proyectos como GNL Talcahuano y GNL Penco obtuvieron aprobación ambiental y nunca se instalaron por la resistencia comunitaria. Las organizaciones tienen 30 días para presentar reclamaciones, y el Comité de Ministros deberá pronunciarse en 60 días si se interponen recursos. Mientras tanto, las comunidades dejan claro que no piensan cruzarse de brazos.
