El Gobierno nacional metió presión y envió al Congreso un proyecto de ley para derogar de un plumazo la Ley 27.642 de Etiquetado Frontal, esa norma que desde 2022 obliga a las empresas a poner octógonos negros en los envases cuando los productos tienen exceso de azúcares, grasas, sodio o calorías. La iniciativa ya generó un rechazo masivo: más de 300 instituciones académicas, organizaciones de salud pública y de derechos humanos salieron a cruzar los argumentos oficiales. “Desde una perspectiva sanitaria, no existen argumentos científicos que puedan justificar la necesidad de derogar la norma existente”, advierten.
La nutricionista Andrea Graciano, coordinadora de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UBA, fue clara: “Se trata de una ley integral, regula la publicidad, promoción y patrocinio, y prohíbe que los productos con sellos se ofrezcan en escuelas de nivel inicial, primario y secundario”. La ley no solo puso los octógonos, sino que también metió medidas contra la publicidad dirigida a pibes, educación alimentaria en las currículas y lineamientos para compras públicas. Antes de esta norma, una persona diabética iba al supermercado y no tenía forma de saber cuánto azúcar tenía lo que compraba.
Los números son contundentes: el 41,1% de pibes y pibas de entre 5 y 17 años y el 70% de la población adulta tienen exceso de peso. El exceso de peso es factor de riesgo para enfermedades no transmisibles, que son la principal causa de muerte en el país: más del 70% de las muertes se deben a eso. La licenciada en nutrición Ileana Salazar lo resumió simple: “Esta ley no prohíbe productos, garantiza el acceso a la información clara. La alimentación saludable es un derecho y la política pública tiene que garantizarlo”. Derogar sin presentar ninguna propuesta alternativa es, directamente, entregarle la salud de la población a los intereses de la industria.
