El gobierno de Rodrigo Paz intentó durante el fin de semana un nuevo operativo de los que llama "corredor humanitario", que no es otra cosa que un despliegue policial-militar con apoyo de grupos paramilitares. En San Julián, la Unión Juvenil Cruceñista —un grupo de choque del Comité Cívico Pro Santa Cruz— apareció con bazucas caseras y agresiones detrás de los escudos de la policía. Pero la resistencia fue tremenda: lograron hacer retroceder a las fuerzas represivas y el bloqueo se mantuvo firme. Hoy también se reportan enfrentamientos en la zona de Vinto, en Cochabamba, donde la rebelión popular sigue plantada.
Horas después, Paz anunció la promulgación de una ley de reglamentación del Estado de excepción. Esta norma, que ya había sido abrogada por el Parlamento, establece la presunción de inocencia para las Fuerzas Armadas y la policía ante cualquier actuación durante un Estado de excepción, y garantiza que el Estado les pague los juicios si son acusados por violaciones a derechos humanos. Además, habilita al presidente a declarar el Estado de excepción por decreto en todo el país o en partes. Todo el discurso de Paz se centró en acusar de "narcoterroristas" a quienes se movilizan, repitiendo el mismo libreto que usó Trump para justificar la invasión a Venezuela.
El gobierno está en una encrucijada. Sabe que fue votado por los mismos sectores que hoy están en las calles, y que la ultraderecha de Tuto Quiroga le exige mano dura. Pero también recuerda la guerra del gas de 2003, cuando Gonzalo Sánchez de Losada intentó aplicar el Estado de excepción y terminó huyendo del país. Mientras más reprime, más bronca y más resistencia genera. Ya secuestraron a cinco dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) —del magisterio, fabriles y universitarios— sin orden de aprehensión, con efectivos encapuchados y armas de fuego. También detuvieron a un universitario de la UPEA y a dirigentes campesinos.
La COB ya denunció la violación de derechos humanos y en los cabildos se viene planteando la necesidad de hacer efectiva la huelga general y el paro de labores, para pegarle económicamente a quienes fugan capitales, financian grupos paramilitares y mantienen un cerco mediático. Son más de 90 puntos de bloqueo en todo el país y, pese a la amenaza de sacar los militares a la calle, el pueblo boliviano demuestra una vez más que tiene historia, experiencia y creatividad para defender lo que es suyo.
