El proyecto de reforma electoral que circula en los despachos legislativos no es un simple ajuste técnico: es, según el abogado Pablo Sanseverino, un verdadero "espanto" diseñado para eliminar a los partidos del campo popular. En diálogo con Agenda Propia, el apoderado de Unidad Popular advirtió que la iniciativa, que lleva dos años dando vueltas, ahora se presenta como un paquete cerrado que mezcla cambios en el régimen de partidos, financiamiento y eliminación de las PASO, todo disfrazado de ahorro para el Estado.
El primer golpe es contra la existencia misma de los partidos chicos. Sanseverino detalló que se aumenta del 0,4% al 0,5% la cantidad de afiliados necesarios por distrito, pero el verdadero problema es el techo: pasa de un millón a dos millones de afiliados. En la Ciudad de Buenos Aires, de los 50 partidos existentes, apenas 5 llegan hoy a los 10.000 afiliados que exigiría la nueva norma. "Quedaría un 10% de los partidos actuales", sentenció. Además, para formar un partido nacional se necesita pasar de 5 a 10 distritos con personería, y se exige un grupo de 50 personas con firma certificada para arrancar, cuando antes bastaban 5 o 6.
Pero lo más perverso viene en la cláusula de caducidad. El proyecto sube del 2% al 3% del padrón los votos necesarios para no perder la personería, y además distribuye ese caudal entre todos los partidos que integran una alianza. Sanseverino puso el ejemplo del FIT: si Miriam Bregman sacó el 9% en CABA, los cuatro partidos del frente hubieran perdido su personería porque les correspondería apenas un 1,5% a cada uno. "Necesitaban el 12% para salvarse", explicó. Esto, sumado a que se elimina el financiamiento público y se borran los límites de gasto de campaña, abre la puerta a que las empresas pongan millones de dólares para comprar candidatos, mientras sindicatos, organizaciones sociales y ONGs quedan excluidos de hacer aportes. "Es una dictadura del empresariado", definió Sanseverino, y advirtió que la ley de lobby es el complemento perfecto de este esquema.
