El domingo Perú celebró la segunda vuelta presidencial en un clima de tensión máxima. Roberto Sánchez, el candidato vinculado al campo político de Pedro Castillo, llegó al balotaje de forma inesperada, impulsado por esas clases populares que durante décadas fueron condenadas a la miseria, al desprecio y al silencio. Al momento de esta editorial, el conteo sigue abierto y la elección está voto a voto: Sánchez y Keiko Fujimori están separados por una distancia mínima, con más del 95% escrutado y el voto exterior todavía capaz de modificar el resultado final. Algunos medios internacionales hablan de una ventaja estrechísima para Sánchez, mientras otros subrayan que Fujimori sigue recortando gracias al peso del voto extranjero.
Esta elección no enfrenta solamente a dos candidaturas, sino a dos países. De un lado, el Perú de Keiko Fujimori: autoritarismo heredado, mano dura, élites limeñas, desigualdad y desprecio. Del otro, el Perú que reaparece desde la sierra, desde las comunidades campesinas, desde esos territorios que la Lima oficial solo mira cuando necesita votos, minerales o mano de obra barata. La geografía política lo confirma: Fujimori arrasó en los distritos ricos de Lima, con más del 84% en San Isidro, mientras Sánchez obtuvo más del 86% en Puno, casi 78% en Cusco y más del 79% en Ayacucho. Son las mismas regiones donde Pedro Castillo había ganado en 2021 y donde se produjeron las grandes protestas de fines de 2022, que terminaron con más de 50 personas asesinadas por las fuerzas del orden.
El conteo es lento, especialmente el de los votos en el extranjero, que son más favorables a Fujimori con más del 55% hasta ahora. De 1 millón 200 mil electores fuera del país, menos del 30% está contabilizado. Además, hay 1.538 actas impugnadas por errores aritméticos o discrepancias, equivalentes a unos 317 mil votos en disputa, la mayoría en zonas favorables a Fujimori. Si Sánchez confirma su ventaja, habrá que ver si Fujimori acepta la derrota o repite la estrategia de 2021, cuando pasó seis semanas impugnando votos rurales y alegando un fraude que nunca existió. El fujimorismo es mucho más que una candidatura: es un poder político empresarial con tentáculos en las instituciones del Estado, capaz de vacar presidentes desde el Congreso y de mantener a la democracia peruana al borde del colapso.
Lo que ya está claro es que los sectores populares volvieron a demostrar que no están derrotados. En una América Latina rodeada de ofensivas imperiales, derechas restauradoras y oligarquías impacientes, eso no es poca cosa. El pueblo peruano lleva años gritando que no se trata solo de pobreza, sino de dignidad, de no aceptar eternamente el lugar asignado. Sea cual sea el resultado final, esa obstinación popular que dice "nosotros también decidimos" ya es una victoria en sí misma.
