El académico y doctor en Derecho Claudio Nash acaba de publicar "Impunidad en Chile, Derechos Humanos y Protesta Social, la historia vuelve a repetirse", un libro que, según sus propias palabras, "a uno le hubiese gustado no tener que escribirlo". La obra surge de una solicitud de Ediciones LOM para dejar testimonio de cómo el Estado chileno respondió frente a las graves y masivas violaciones de derechos humanos ocurridas en el marco del estallido social de octubre de 2019. Nash explica que desde la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile siempre plantearon que esta vez la gran diferencia con la dictadura sería que iba a haber una respuesta frente a la violencia institucional. Constatar que eso no ocurrió es, según él, "muy duro, pero también necesario".
El libro parte de las obligaciones internacionales del Estado chileno en materia de rendición de cuentas, lo que la Corte Interamericana llama "el deber de justicia". Nash sostiene que la protesta social es el ejercicio de derechos humanos y, por lo tanto, el Estado tiene la obligación de garantizar ese derecho y, si se producen violaciones, responder ante ellas con investigaciones serias, sanciones proporcionales y cumplimiento efectivo. La obra analiza el rol del Ministerio Público y del Poder Judicial, contrastando cómo actúan cuando persiguen a manifestantes versus cuando deben investigar a agentes del Estado. Las cifras son demoledoras: un 98,1% de los casos contra agentes estatales quedan en la impunidad, lo que Nash califica como "impunidad estructural o sistémica".
El caso de Gustavo Gatica, joven manifestante que perdió la vista por un disparo de Carabineros, es uno de los que Nash aborda en profundidad. El académico confiesa que este caso le impactó tanto como en dictadura el de los jóvenes quemados de 1986. "Tener que poner en negro sobre blanco que nuevamente no hemos sido capaces de hacer justicia habla de un segundo fracaso como generación", afirma. Nash denuncia que cuando los tribunales consideran que dejar ciego a un manifestante "no merece un reproche penal", eso plantea una pregunta sobre qué tipo de democracia se está construyendo. El libro también aborda el uso político de la prisión preventiva durante el estallido, utilizada como castigo anticipado y como mensaje aterrorizador para disuadir la protesta social.
