"Violencia Institucional y Antiterrorismo en Chile", de Julio Cortés Morales y Nirmna Villegas, nació con la idea de analizar la nueva ley antiterrorista aprobada a principios del año pasado, cuando nadie la pedía. Pero el libro terminó siendo mucho más que eso: una cartografía completa del sistema represivo chileno, desde el Código Penal de 1874 hasta las leyes de seguridad del Estado, control de armas, inteligencia y la propia ley antiterrorista. Como explica Cortés, la tesis central es que existe un "derecho penal político" que históricamente ha sido más efectivo para sancionar la disidencia que para perseguir delincuentes comunes.
El libro muestra cómo el Estado chileno siempre distinguió entre enemigos y ciudadanos comunes. Un ejemplo brutal: cuando los nazis chilenos cometían acciones violentas, la Corte Suprema dijo que no se les aplicaba la ley de seguridad del Estado porque su objetivo era "conservar el orden", no alterarlo. Esa misma lógica explica por qué un profesor que patea un torniquete el 18-O termina preso invocando la ley de seguridad del Estado, mientras los delitos de cuello y corbata —como la colusión de farmacias— rara vez reciben el mismo tratamiento.
Cortés advierte que el gobierno de Boric, presentado como el más progresista de la postdictadura, terminó siendo el que más leyes represivas aprobó: una cada 38 días en promedio. El problema, dice, es que cuando gobierna la centroizquierda, su base social no se opone y la derecha tampoco, generando un combo perfecto para endurecer el marco legal. Y ahora, con el régimen de Kast, ese arsenal represivo ya está listo para ser usado, con una nueva ley antiterrorista que permite detenciones de hasta cinco días sin control judicial, algo que no existe para ningún otro delito.
