El jueves próximo la Legislatura de Chubut tratará sobre tablas el “Acta Acuerdo” que el gobernador Ignacio Torres suscribió con YPF la semana pasada. El convenio establece que la petrolera pague una compensación extraordinaria de 25 millones de dólares —en dos cuotas de 12,5 millones— y done a la provincia un centenar de camionetas Ford Ranger y VW Amarok, más una larga lista de inmuebles históricos ubicados casi todos en Comodoro Rivadavia. A cambio, YPF queda liberada de toda responsabilidad por los pasivos ambientales generados antes de ceder sus áreas maduras a otras operadoras. El texto del acuerdo es claro: la provincia acepta las cláusulas de cesión incluyendo el pasivo ambiental existente, en curso o futuro, y se compromete a no hacer reclamos una vez que la Legislatura lo refrende.
El nudo de la pelea no son solo los bienes, sino los pasivos ambientales que YPF deja en una ciudad montada sobre un gigantesco yacimiento petrolero. En Comodoro hay más de 6.000 pozos dentro del ejido urbano, de los cuales 3.700 ya están abandonados y unos 800 fueron relevados por el municipio. Según la coordinadora de Ambiente local, Jordana Merla, el concepto de daño ambiental ya está en la legislación nacional y provincial, y lo que busca la ordenanza municipal es equiparar el pasivo a un daño con responsable directo. Remediar cada pozo puede costar entre 20.000 y 700.000 dólares, una cuenta que, según el peronismo, supera ampliamente los 25 millones del acuerdo.
El intendente Othar Macharashvili, acompañado por el diputado nacional Juan Pablo Luque y el senador Carlos Linares, aseguró que el municipio no permitirá que se definan bienes históricos ni pasivos ambientales sin participación local. Desde el peronismo denuncian que el acuerdo se hizo a espaldas de los comodorenses y anticipan acciones judiciales. Mientras tanto, Torres ya se reunió con representantes de clubes e instituciones de la ciudad para garantizarles que los inmuebles —como el edificio de la administración de YPF en Kilómetro 3, los lotes de Ex Almacenes y varias sedes deportivas— se transfieran directamente a las entidades, sin pasar por la Municipalidad. La pulseada promete ser larga y el jueves en la Legislatura se verá si los 14 votos que necesita el oficialismo alcanzan para cerrar este capítulo, aunque el daño ambiental, ese sí, no se resuelve con una firma.
