(★) .- La gobernadora Jenniffer González Colón declaró estado de emergencia en Río Grande y Canóvanas ante la falta de lluvia que deja sin agua a miles de familias.
La isla de Puerto Rico enfrenta una crisis hídrica que ya no admite postergaciones. La gobernadora Jenniffer González Colón firmó una orden ejecutiva declarando estado de emergencia en los municipios de Río Grande y Canóvanas, donde la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) impuso un racionamiento de 48 horas sin servicio de agua potable. La medida, que arrancó el viernes 17 de julio, afecta a sectores enteros de ambos pueblos y obligó al gobierno a activar la Guardia Nacional para distribuir agua en camiones cisterna, transportar personal y montar centros de abastecimiento en las comunidades golpeadas. La orden también delegó en el secretario del Departamento de Seguridad Pública, el general Arturo Garffer, la facultad de extender la emergencia a cualquier otro municipio que enfrente condiciones similares.
El racionamiento funciona por ciclos alternados de dos días. La Zona A, que comprende Guzmán Arriba, El Rayo, Los Piza, Malpica Final y Los Márquez en Río Grande, arrancó con el corte el viernes a las 6:00 a.m. La Zona B, integrada por Palmasola, Peniel, El Hoyo, Las Magas y La Vega en Canóvanas, comenzó su turno de privación el domingo a la misma hora. El presidente ejecutivo de la AAA, el ingeniero Luis González Delgado, explicó que el plan se había pausado tras una lluvia que duró apenas una semana, pero que el último pronóstico indica que no se esperan precipitaciones importantes hasta finales de julio. El déficit acumulado es de 10 pulgadas de lluvia, y los ríos que alimentan la planta de filtración Guzmán Arriba se ven gravemente afectados. González Delgado advirtió que si no llueve en los próximos días, el racionamiento podría extenderse al resto de los sectores de ambos municipios y, de bajar el nivel del agua en la planta de Canóvanas, también entraría Loíza, excluyendo Piñones.
Los números del Monitor de Sequía de Estados Unidos pintan un cuadro desolador. El 82,64% del territorio de Puerto Rico se encuentra bajo condiciones atípicamente secas o algún nivel de sequía. El 34,96% de la isla está en sequía moderada, un salto de 17,40 puntos porcentuales en una sola semana. El 5,89% sufre sequía severa concentrada en el sur. El embalse de Carraízo, que abastece a 179.387 clientes en San Juan, Trujillo Alto, Carolina, Canóvanas y Gurabo, amaneció el martes 7 de julio con una lectura de 39,42 metros sobre el nivel del mar, tras perder 0,07 metros en un día. El embalse Cidra, que sirve a 14.537 abonados en Aguas Buenas, Caguas, Cayey y Cidra, también registró una baja de 0,02 metros. La orden ejecutiva señala que Puerto Rico atraviesa condiciones de sequía ocasionadas por una disminución significativa y sostenida en las precipitaciones, y advierte que otros municipios podrían enfrentar interrupciones si la situación persiste o se intensifica.
La crisis no es solo de lluvia, es de modelo. Un territorio colonial sometido a décadas de subinversión en infraestructura pública ve cómo sus embalses se vacían y sus comunidades se quedan sin el recurso más básico para la vida. El llamado de González Delgado a hacer "uso prudente del agua" suena a escusa cuando la mitad este de la isla ya está en riesgo de sumarse al racionamiento. Que la Guardia Nacional deba repartir agua en camiones cisterna en pleno 2026 es una radiografía del abandono estructural. La sequía es natural, pero la vulnerabilidad es política.
