El programa Red Indígena Jurisdiccional (RIJ) se perfila como la primera experiencia a nivel mundial en la que pueblos indígenas lideran un mecanismo de carbono bajo el estándar TREES de ART, según explicó Estefano Morales, director de la comunidad de Medellín indígena y parte del equipo técnico del programa Bosques, Clima y Ría. La iniciativa, que abarca más de 900 comunidades nativas tituladas y seis reservas comunales en regiones como Loreto, Amazonas, Ucayali y Cajamarca, busca certificar la reducción de emisiones en territorios de alta cobertura forestal y baja deforestación.
A diferencia del enfoque tradicional de REDD+, que prioriza solo las actividades que reducen gases de efecto invernadero, la propuesta indígena incorpora elementos como planes de vida, titulación de territorios, economía sostenible y gobernanza. "No se trata de que las organizaciones reciben el financiamiento como beneficiarios, sino que son los ejecutores que proponen e implementan las acciones", aclaró Morales. El Estado, a través del Ministerio del Ambiente, cedió a las organizaciones indígenas —AIDESEP, CONAP y la asociación de ejecutores de reservas comunales— la facultad de coordinar y ejecutar el programa, algo inédito en la región.
El principal reto ahora es la consulta a las bases para que las comunidades decidan si integrarse o no al programa, que tiene un horizonte de 30 años. Morales advirtió que muchas comunidades han firmado acuerdos con empresas privadas que podrían complicar su participación, aunque el programa contempla tramos sucesivos de validación. También mencionó la urgencia de llevar financiamiento a los territorios para fortalecer la vigilancia indígena, considerada una herramienta clave para detectar amenazas como carreteras, migración o proyectos productivos incompatibles con el bosque.
El año pasado, la propuesta recibió un premio internacional por su carácter innovador, al ser la única de su tipo registrada en el estándar TREES. "No es la panacea ni la solución a todos los problemas de la Amazonía, pero es una forma de canalizar financiamiento para que las comunidades definan sus propios intereses y defiendan su cultura y su visión del territorio", concluyó Morales.
