La Organización Waorani de Pastaza (OWAP) convocó a una asamblea defensorial los días 9 y 10 de julio en la comunidad de Daipare, territorio waorani en la provincia de Pastaza, Amazonía ecuatoriana. El objetivo es recoger los testimonios de los distintos clanes frente a la nueva explotación petrolera del bloque 22, incluido por el gobierno ecuatoriano en la Ronda Subandina. La información servirá para una investigación de la Defensoría del Pueblo sobre las posibles vulneraciones a los derechos colectivos del pueblo waorani si el Estado avanza con la adjudicación sin obtener su consentimiento previo, libre e informado.
El conflicto viene de lejos. En 2012, el gobierno aseguró haber consultado a las comunidades, pero el pueblo waorani denunció irregularidades. En 2019, una sentencia judicial anuló ese proceso y reconoció la violación de sus derechos. Desde entonces, la OWAP y los pikenani —autoridades tradicionales— han sostenido su oposición al desarrollo petrolero, logrando fallos favorables sobre consulta previa, autonomía, fortalecimiento de su guardia indígena y un sistema de educación propio.
Pese a todo, el Estado insiste en que la consulta de 2012 sigue siendo válida. Según información del Ministerio de Ambiente y Energía de 2025, el bloque 22 es parte de un paquete de 49 áreas incluidas en la nueva ronda petrolera. La preocupación crece en las comunidades por el futuro de su territorio amazónico, mientras la Justicia ya habló claro.
