En tiempos de ajuste estructural que castiga a los sectores populares, resurge con fuerza el discurso de quienes desde universidades y centros de investigación se presentan como defensores del conocimiento como bien público. La consigna "Defender las ciencias sociales también es defender la sociedad" suena legítima, pero encierra una pregunta incómoda: ¿estamos ante un genuino compromiso transformador o ante una operación de legitimación del status quo?
La historia reciente de América Latina está llena de ejemplos que invitan a la desconfianza. El caso del ARSAT, el satélite argentino presentado como símbolo de soberanía tecnológica, es paradigmático: los discursos oficiales y buena parte de la academia lo pintaron como conquista estatal para beneficio de "la sociedad argentina", pero sus frutos nunca llegaron a las clases populares. La infraestructura satelital se convirtió en herramienta de las grandes empresas de telecomunicaciones, no en un caballo de batalla por la inclusión digital sino en un caballo de Troya para sostener un modelo de acumulación que reproducía las mismas desigualdades de siempre.
Este patrón se repite en Brasil, México, Chile y otros países de la región. Las políticas de "innovación" y "desarrollo científico" terminan consolidando alianzas público-privadas donde el sector académico funciona como apéndice de intereses corporativos. Las patentes generadas con fondos públicos van a manos privadas, los investigadores formados en universidades estatales son absorbidos por laboratorios transnacionales, y los "clusters tecnológicos" se instalan donde la mano de obra barata es el verdadero atractivo.
La contradicción central emerge cuando hoy, ante el avance de políticas neoliberales disfrazadas de pragmatismo fiscal, los intelectuales salen con discursos encendidos sobre la importancia de la universidad pública. No les falta razón, pero el problema está en la selectividad de la memoria. ¿Dónde estaban cuando la sociedad se fue aburguesando, cuando en las aulas se naturalizó la meritocracia, cuando el impact factor de una revista occidental valía más que la relevancia social de una investigación, cuando formar "recursos humanos" para el mercado se confundió con formar ciudadanos críticos?
La tendencia dominante fue convertir el conocimiento en mercancía, medir la excelencia por la capacidad de captar fondos externos, premiar la productividad científica desvinculada de las necesidades populares. Cuando las universidades se transformaron en empresas de servicios educativos para clases medias y altas, pocos renunciaron a sus comodidades para denunciar el proceso. Cuando los rankings internacionales se volvieron el horizonte de la política universitaria, la mayoría calló porque los beneficios individuales —viajes, becas, reconocimiento— eran demasiado tentadores.
Por eso resulta legítimo sospechar cuando hoy se escucha "Defender las ciencias sociales también es defender la sociedad". No porque la afirmación sea falsa, sino porque en la práctica histórica de quienes la proclaman ha operado una confusión sistemática entre defender la sociedad y defender privilegios de clase. Mantener intacta una estructura universitaria que reproduce la desigualdad, investigar temas que solo interesan al norte global mientras los barrios se hunden en la violencia, formar profesionales que aspiran a una ONG o una consultora en lugar de comprometerse con la transformación: eso no es defender la sociedad.
La verdadera defensa del conocimiento exige honestidad: reconocer que buena parte del sistema científico-académico latinoamericano fue funcional al mismo modelo que hoy denuncia, admitir que el "desarrollo investigativo" raramente benefició a quienes más lo necesitaban, aceptar que la independencia nacional no se construye con satélites que sirven a empresas privadas sino con una educación que forme sujetos capaces de desobedecer al mercado cuando exige sacrificios humanos. Sin esa autocrítica, los discursos de hoy serán caballos de Troya que entrarán a la ciudad para asegurar que nada esencial cambie.
